Tradicionalmente, los proyectos que involucraban la construcción y operación de infraestructuras de diverso tipo, eran desarrollados por el Estado con reducida participación del sector privado.

La combinación de factores como la necesidad creciente de infraestructuras, la falta de recursos de las administraciones públicas y las limitaciones de endeudamiento, junto con la búsqueda por gestionar adecuadamente los recursos (?mayor valor por dinero?), ha llevado a los Estados a desarrollar contratos de Participación Público-Privada (PPP), lo que ha aumentado la participación del sector privado en este tipo de proyectos.

En Uruguay, la Ley Nº 18.786, del año de 2011 y sus Decretos reglamentarios, establecen el marco regulatorio aplicable al régimen de Contratos de PPP.

El análisis financiero de este tipo de contratos debe incluir la elaboración de un modelo económico-financiero que contemple de forma adecuada todas las variables relevantes del negocio, permita definir la mejor estructura financiera, contemple los riesgos asociados y los costos de las acciones a implementar para mitigarlos y permita estimar razonablemente la rentabilidad del proyecto, el retorno de los inversores y la capacidad de pago de la deuda.

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