A partir de la divulgación de las recomendaciones surgidas del Diálogo Social, el gobierno comenzó a evaluar la eventual implementación de las iniciativas surgidas en este ámbito. A corto plazo, se espera un aumento del gasto estructural a partir de 2027 asociado a políticas de combate a la pobreza y protección de la infancia, tensionando más aún un escenario fiscal que acumula fragilidades en varios frentes. A la fecha no se han divulgado las estimaciones del costo de estos programas ni su mecanismo de financiamiento. Adicionalmente, el gobierno evaluará otras recomendaciones del diálogo social, como la creación de una causal de retiro anticipada a los 60 años y los cambios en el régimen previsional de ahorro individual.

En este marco, el gobierno considerará los costos y beneficios de las propuestas, y enfrentará la tensión entre impulsar algunas de estas iniciativas y evitar un deterioro en las condiciones macroeconómicas y fiscales.

Por sus implicancias, estos cambios podrían afectar la estabilidad institucional, la calificación crediticia y el spread soberano, revirtiendo parcialmente las mejoras logradas por Uruguay luego de la aprobación de la Ley 20.130 del 2023. Una eventual reversión del spread de 50 puntos básicos tendría un costo significativo en el servicio de deuda a largo plazo, del orden de 270 millones de dólares anuales (0,3% del PIB). Las decisiones que adopte el gobierno respecto a estos capítulos, su fundamentación técnica, y la comunicación serán factores clave para mitigar estos riesgos.

En este informe analizamos brevemente las principales propuestas del Diálogo Social, la evaluación inicial del gobierno y las implicancias en materia económica y fiscal. 

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