El precio de los combustibles en Uruguay no acompañó el descenso que registró el precio internacional del petróleo desde 2014, dando lugar a una diferencia creciente entre el precio al público y la paridad de precios de importación (PPI) calculada por la URSEA. En 2016 se vendieron 2.095 MM de litros de combustible por un monto de USD 2.631 MM, de los cuales USD 889 MM se explican por tasas e impuestos. Este volumen de mercado también incluye un sobrecosto por desvío respecto a la PPI que ascendió a USD 415 MM en 2016. Por su importancia en las ventas totales y por el desvío respecto a la PPI, se destaca el caso del gasoil: el sobrecosto asciende a USD 367 MM; el precio al público fue 33% superior a la PPI, el mayor desvío desde que la URSEA publica sus estimaciones (enero 2002). En el caso de las naftas el desvío es poco significativo (3%), por lo que su precio elevado en comparación con otros mercados se asocia en buena medida con la elevada carga tributaria que soporta: las tasas e impuestos explican casi la mitad (45%) del precio que pagan los consumidores.

El esquema de fijación de precios de los combustibles afecta la competitividad del aparato productivo ya que el gasoil es un insumo clave en la producción. En base a estimaciones de consumo de gasoil por actividades productivas se concluye que las cadenas agroindustriales soportaron en 2016 un sobrecosto por desvío de la PPI de USD 146 MM. En particular, cadenas como la agricultura de secano, el arroz, la forestación y la lechería son algunos de los más afectados, ya que por el volumen total de gasoil que demanda la cadena o por la cantidad de litro por hectárea que demanda la función de producción.

A corto plazo es necesario modificar la política de precios del gasoil a efectos de mitigar los sobrecostos que recaen sobre el sector productivo, en particular revisar la política de ?equiparar? su precio respecto a la nafta. A mediano y largo plazo surge la necesidad de introducir una serie de reformas orientadas a reformar los esquemas de fijación de precios: acotar la discrecionalidad de la política fiscal, clarificar el rol de las empresas públicas y mejorar su gestión y gobernanza, así como fortalecer el rol de las unidades reguladoras permitirían avanzar hacia un esquema de fijación de precios de servicios públicos más alineados a criterios de eficiencia y bienestar de los consumidores.