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Expertos de FERRERE explicaron los principales puntos del proyecto de Ley sobre transparencia fiscal

El proyecto de Ley sobre transparencia fiscal que se presentó el pasado 15 de julio al Parlamento acarrea diversos cambios que fueron abordados en un evento el martes 23 de agosto en el auditorio del edificio FERRERE, por parte de los expertos en Impuestos de la firma, Fabián Birnbaum e Isabel Laventure.

Sobre intercambio automática de información financiera, los especialistas revelaron que, de acuerdo al proyecto, las entidades financieras se encuentran obligadas a suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva (DGI) información relativa a saldos y rentas de las cuentas mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades. La obligación se establece tanto para titulares residentes como no residentes en el país.

A los efectos anteriores no regirá el secreto bancario ni ningún otro secreto consagrado por ley; en el caso de no cumplir con lo anterior, se prevén sanciones para las entidades financieras.

En tanto, de acuerdo al proyecto, las entidades residentes en Uruguay deberán informar al Banco Central del Uruguay (BCU) a los beneficiarios finales. Esta obligación alcanza también a los establecimientos permanentes de entidades del exterior.

A estos efectos se entiende por beneficiario final a las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos a voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad.

Las entidades obligadas estarán sometidas a ciertas sanciones que serán aplicadas por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) en caso de no cumplir con lo estipulado. Por otra parte, el proyecto tiene como objetivo ajustar el sistema tributario de forma de desestimular la utilización de entidades residentes, domiciliadas y constituidas en países o jurisdicciones de baja o nula tributación. Dicho desestímulo se establece a partir del aumento de la carga tributaria.

Por último, se establecen nuevas exigencias en materia de precios de transferencia para las empresas multinacionales cuyo volumen de facturación defina el Poder Ejecutivo.

Las obligaciones se basan en la acción Nº13 del Proyecto de Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS) impulsado por la OCDE.