El Régimen de Promoción de Inversiones vigente permite a las empresas obtener exoneraciones tributarias (del Impuesto a la Renta, Impuesto al Patrimonio, entre otros), como resultado de la evaluación de sus proyectos de inversión por parte de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) . Para poder acceder a los mismos, las empresas deben comprometerse a cumplir determinados objetivos definidos prioritarios por el Estado.

El Decreto 002/012, reglamentario de la Ley de Inversiones, establece los objetivos e indicadores que deben cumplir las empresas para tener derecho a esos beneficios:

• Generación de empleo
• Descentralización
• Aumento de Exportaciones

• Utilización de Tecnologías más Limpias
• Incremento de Investigación y Desarrollo e Innovación (I+D+i)
• Indicadores Sectoriales

Específicamente, el Indicador de I+D+i, asigna un punto (con un máximo de 10) por cada 5% de inversión o empleo en I+D+i sobre el total de inversión elegible o empleo a generar, estimado en el proyecto a ser evaluado por la COMAP(1).

Si bien es notorio el impacto que este régimen ha tenido en el nivel de inversión del país, su impacto en fomentar la inversión en I+D+i puede ser discutible dado el bajo porcentaje de inversión promovida hasta el momento, por este concepto.

Según el Informe de Evaluación ? Proyecto ?Apoyo al desarrollo de la Inversión Privada? ejecutado en Uruguay con financiamiento del FOMIN - BID durante los años 2008 y 2009 (primeros dos años de reglamentación de la Ley de Inversiones), la COMAP aprobó 700 proyectos por un monto de inversión de 3.407 millones de dólares.

En ese mismo período, sólo 27 empresas accedieron a beneficios fiscales a través de este indicador (3,85% del total), de las cuales 19 eran grandes empresas. A su vez, el monto de inversión destinada a I+D+i, alcanzó los USD 139,2 millones (5,93% del total).

Si se consideran los proyectos presentados en los años 2011-2012, tomando como base los informes mensuales emitidos por la Unidad de Apoyo al Sector Privado, se puede observar que la inversión recomendada por COMAP, asciende a 3.784 millones de dólares.

Sin embargo, la relación I+D+i sobre total de inversión recomendada se redujo en el bienio. La inversión promovida por este concepto alcanzó los 97,4 millones de dólares, lo que representa un 2,58% del total de inversión recomendada por la COMAP. Durante el año 2011, la inversión promovida en I+D+i fue el 1,58% del total y en el 2012 el 3,18%.

En base a estas cifras, la pregunta que queda planteada es, si tal como está definido, los beneficios que otorga el régimen para fomentar la Investigación, Desarrollo e Innovación son eficientes en el logro de este objetivo o es necesario la implementación de medidas específicas para logarlo fuera de este régimen (por ejemplo focalizadas a través de la ANII - Agencia Nacional de Investigación e Innovación).

A vía de ejemplo, se puede mencionar el caso chileno, donde rige una Ley de Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, mediante la cual se otorga un crédito del 35% contra el impuesto a la renta sobre el monto invertido en I+D (certificado por la Corporación de Fomento de la Producción ? CORFO). El 65% restante puede ser considerado como gasto necesario para producir la renta.

Es importante destacar, que según el Índice Global de Innovación - 2012 preparado por la escuela de negocios Insead (Francia), Chile lidera en esta materia entre los países latinoamericanos, ubicándose en el puesto 39 de 141 países considerados. Lo siguen Brasil, en el puesto 58, Costa Rica en el puesto 60, Colombia en el 65 y Uruguay en el 67.

(1) El régimen de Promoción de Inversiones anterior a la entrada en vigencia del Decreto N°002/012, asignaba un punto cada 10% de participación de la inversión en I+D+i respecto a la inversión total.