Lea la columna de opinión de Gustavo Viñales, director de CPA Ferrere, publicada en El Observador:

La creciente preocupación sobre temas de desarrollo económico y cambio climático que muestran los organismos internacionales, los gobiernos, y las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más notoria para todos y requiere de acciones también en nuestro país.

Por ello creemos necesario discutir seriamente la posibilidad de implementar reformas fiscales verdes, con políticas que procuren reducir la contaminación y degradación del ambiente, a través de los llamados impuestos verdes, que gravan ?males? y no ?bienes?, y cuya base imponible es un impacto negativo en el medioambiente. Se trata de impuestos a las externalidades ambientales negativas, y en general se gravan las emisiones de carbono, las energías no renovables, las explotaciones de recursos naturales no renovables, la producción de sustancias químicas(agroquímicos, pesticidas y fertilizantes) y la generación de residuos, entre otros.

En marzo de 2014 escribíamos en Consultor Tributario un artículo ??Campaña electoral y reforma fiscal verde??1 en el que reclamábamos propuestas para discutir una reforma fiscal verde, en épocas de campaña electoral. En estos días se publicó un estudio de la Cepal realizado por la uruguaya Bibiana Lanzilotta denominado ?Impuestos verdes - Viabilidad y posibles impactos en el Uruguay?, que sostiene que ?la dimensión ambiental no ha logrado ser incorporada cabalmente en la toma de decisiones tanto a nivel público como privado (es decir, por consumidores, empresarios, gobierno). Un aspecto clave es el relativo rezago de Uruguay en la implementación de instrumentos tributarios verdes respecto, incluso, de otros países de América Latina?.

En nuestro artículo de marzo de 2014 finalizábamos diciendo que estos temas deben integrarse en la agenda pública con debates fundados técnicamente y estrategias de mediano y largo plazo. Para ello creemos oportuno realizar aportes en procura de comenzar por gravar la generación de residuos derivados del consumo masivo. En particular se podría analizar la posibilidad de aplicar tributos que graven la primera venta o importación de envases plásticos PET no retornables, bolsas de nailon, platos, vasos y cubiertos no retornables, neumáticos, pilas, baterías, y aparatos electrónicos.

De esta larga lista de productos nos referiremos a la posibilidad -complementando la ley 17.849 que ordena el uso de envases no retornables? de gravar la primera venta e importación de envases plásticos PET no retornables y las bolsas de nailon. Creemos que son productos relevantes por su impacto ambiental generalizado y los impuestos verdes contribuirán a desarrollar políticas de consumo responsable y hábitos de reciclaje en la población; no poniendo el foco principal en la recaudación, sino en los estímulos para un mayor volumen de reciclaje.

Para los envases plásticos no retornables, en algunos países, se han utilizado novedosos instrumentos denominados de depósitoretorno, que tienen mecanismos de devolución parcial del impuesto vía sistemas acreditados de reciclaje.

Aunque hacen algo más compleja su implementación, ha sido un mecanismo de validación del sistema, con argumentos consistentes en procura de un mejor manejo de residuos y una promoción de las políticas de reciclaje por parte de las empresas, que estimulan a los consumidores a reciclar vía canales accesibles para ello. En países de América Latina tenemos casos de ejemplo, desde un proyecto en que debió darse marcha atrás al impuesto pues no se preveía devolución parcial por reciclaje, con lo que se debilitó frente a la población el argumento ambiental y quedó expuesto solo el aspecto de una mayor recaudación; hasta el caso en que se ha implementado con total éxito, disminuyendo gradual y parcialmente el ingreso por dicho tributo en la medida en que los sistemas de reciclaje se hacen más eficientes y conocidos por los consumidores, y se devuelve así un mayor porcentaje del impuesto recaudado.

Se comienza con una recaudación mayor por depósitos, que va decayendo en el tiempo a medida que se efectivizan los retornos vía un efectivo reciclaje.

En el caso de bolsas de nailon, y otros envases plásticos, es más común ver tributos o sobreprecios que directamente desestimulen su uso provocando cambios de hábitos por sistemas más amigables con el medioambiente. Hay argumentos técnicos suficientes para su implementación, aun cuando su recaudación es de menor cuantía estimada o resulte más complejo todo el proceso de reciclaje, que en los envases no retornables.

Los países más desarrollados han comenzado con estos sistemas desde hace ya varios años, en general ubicados en tributos a nivel de gobiernos subnacionales pues el manejo de residuos es un desafío permanente, y ya comienzan a instrumentarse sistemas de impuestos que se calculan según el volumen de residuos.

Por todo ello, y sin pretender entrar aquí en valoraciones más complejas, creemos positivo para Uruguay iniciar un proceso de implementación de tributos ambientales que cambien paradigmas, gravando males y generando también reciclaje de ingresos fiscales, es decir, imponiendo tributos verdes y disminuyendo tributos al trabajo, en una perspectiva de más largo plazo de la política tributaria.

El Observador, 3 de septiembre de 2015