Es indiscutible el efecto que ha tenido el Régimen de Promoción de Inversiones en el nivel de inversión del país desde la entrada en vigencia de la reglamentación de la Ley 16.906 a fines del año 2007.

Los beneficios establecidos en la normativa abarcan la exoneración de Impuesto a la Renta (IRAE) como un porcentaje de la inversión elegible (con un mínimo del 20% y un máximo del 100%), exoneración de Impuesto al Patrimonio (IP), exoneración de Tasas y Tributos a la Importación y devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) asociado a la obra civil del proyecto.

Dichos incentivos pueden ser obtenidos por aquellas empresas cuyos proyectos de inversión cumplan con los objetivos perseguidos por el Régimen y sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo.

Estos objetivos implican que las empresas asuman compromisos relacionados con:

• La generación de empleo
• Descentralización ? radicación de inversiones en zonas de menor desarrollo
• Incremento de las exportaciones
• Inversiones en Tecnologías Limpias o Producción más Limpia (P+L)
• Inversiones en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
• Indicadores sectoriales que dependen del tipo de actividad que desarrolla la empresa.

Dados estos beneficios, empresas de todos los sectores de actividad han presentado sus proyectos ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), y asumido alguno de los compromisos descritos anteriormente.

Estos objetivos, integran una matriz de indicadores con diferentes ponderaciones y de su aplicación se obtiene el porcentaje de exoneración de IRAE a obtener y el resto de los beneficios.

El puntaje que obtiene el proyecto, surge de la aplicación de uno o más indicadores de la matriz. Cuantos más indicadores se combinan y por lo tanto, más compromisos se asumen, mayor es el porcentaje de exoneración de IRAE que se alcanza y mayor es el plazo para utilizarlo.

La maximización de los beneficios fiscales se logra con un análisis integral del proyecto y de la realidad de la empresa, incluyendo un adecuado análisis financiero ? fiscal actual y prospectivo.

Por el contrario un análisis parcial del proyecto y del Régimen, donde sólo se analiza un sólo indicador, puede llevar a la pérdida de beneficios.

En este sentido, hemos visto con frecuencia que empresas presentan proyectos, por ejemplo utilizando el indicador de P+L, sin considerar otros indicadores relevantes o sin un adecuado análisis de la situación fiscal actual de la misma (por ejemplo sin considerar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y su reversión futura, otras exoneraciones, etc.) y sin analizar la proyección de la renta fiscal.

Como resultado, si bien el proyecto obtiene un porcentaje de exoneración, se pueden dar dos escenarios no favorables para la empresa.

Por un lado, el porcentaje de exoneración teórico alcanzado puede no ser el adecuado para su nivel de renta proyectado y por lo tanto, asumir un costo de oportunidad igual a la diferencia entre el beneficio que podría haber alcanzado con un análisis adecuado y el que obtuvo realmente. En otras palabras, la exoneración que podría haber obtenido y utilizado la empresa dado su nivel de renta proyectado, es mayor a la que efectivamente obtuvo en el proyecto, debido a la utilización de un único indicador.

Por otro lado, si su nivel de renta no es suficiente para absorber la exoneración teórica obtenida en el plazo otorgado, la empresa podría estar asumiendo más compromisos de los que efectivamente se traducen en beneficios.

La solución para no caer en estos escenarios sub-óptimos y realizar un eficiente aprovechamiento de esta útil herramienta, radica en un análisis integral y pormenorizado de cada proyecto y de la realidad de cada empresa.