¿Cómo es posible que un país pequeño como Uruguay no haya podido encontrar una solución definitiva a los problemas de pobreza?

Indudablemente buena parte de la solución de la pobreza vendrá dada por la consolidación del crecimiento económico. Sin embargo, hay núcleos duros de pobreza y exclusión social que requieren políticas sociales activas. Por eso, la persistencia de la pobreza y la indigencia debería conducirnos a pensar sobre los sucesivos programas de asistencia social en los que los uruguayos hemos invertido dinero para atacar este problema: pensiones alimentarias, transferencias de dinero en efectivo, asignaciones familiares, planes de emergencia, planes de vivienda, etc. Muchos de ellos constituyen programas que a esta altura trascienden partidos políticos, aunque cada gobierno le ha puesto su propio sello.

Pese a esta inversión en gasto público social, sus resultados y sus consecuencias no solo no están claras, sino que además forman parte de un intenso debate político. Algunos argumentan que estos programas han sido insuficientes, por lo que hay que aumentar la inversión y el gasto público social. Otros entienden que algunos de estos programas sociales pueden ser perjudiciales, ya que desalientan el trabajo y el esfuerzo de quienes perciben las transferencias sociales. ¿Cuál de los dos enfoques es correcto? Probablemente nunca lo sabremos con certeza, a menos que cambiemos la forma en que se diseñan las políticas sociales. Intentaré explicar por qué, recurriendo al ejemplo de la experiencia africana.

Un problema muy similar al anterior enfrentan Organismos Internacionales y ONGs abocados a combatir la pobreza en África, que han volcado miles de millones de dólares a esta causa durante las dos últimas décadas. Sin embargo, África no logra revertir con claridad la incidencia de la pobreza. Al igual que en nuestro país, el tema es objeto de debate. Algunos, como Jeffrey Sachs, entienden que la inversión humanitaria es positiva, pero ha sido insuficiente. Otros, como William Easterly, entienden que las ayudas humanitarias generan incentivos perversos: los ciudadanos africanos luchan por ser beneficiarios de estos fondos en lugar de trabajar, alentando la corrupción y la violencia.

Ante la falta de respuestas y las explicaciones contrapuestas, un grupo de economistas del MIT (Massachusetts Institute of Technology) liderados por Abhijit Banerjee y Esther Duflo proponen una revolución en la forma de diseñar políticas sociales implementando la idea de ?laboratorios de pobreza?. Implica una nueva forma de diseñar las políticas sociales, experimentando medidas de política en poblaciones elegidas en forma aleatoria de manera que permita evaluar sus costos, sus beneficios y la eficiencia de los programas. Los promotores de esta original idea entienden que las ciencias sociales podrían progresar mediante la realización de experimentos en laboratorios, tal como lo hacen la medicina o la química. En el caso de las políticas humanitarias, el laboratorio es África y no se usan ratones, se usan personas para evaluar el impacto de las políticas.

La idea es simple, pero persigue objetivos ambiciosos. Ante un problema complejo como la solución de la pobreza, probablemente exista un amplio menú de opciones de política, pero como siempre, los recursos son escasos y hay que usarlos de modo eficiente. Visto de otra forma, si tuviera solamente 1 peso para gastar en políticas de combate a la pobreza, ¿cuál es la mejor forma de invertir los recursos para lograr el objetivo deseado? Los experimentos aleatorios pretenden responder este tipo de preguntas.

Esta corriente académica y experimental ha generado una amplia literatura sobre la forma en que se deben diseñar estos estudios de campo, así como diversos ejemplos de experimentos aplicados. Se han realizado experimentos en temas tan variados como formas de solucionar el ausentismo docente en India, incentivos para mejorar la asistencia escolar de los alumnos en México, incentivos para vacunar a los niños, formas de combatir la malaria en África, diseño óptimo de garantías en sistemas de microcréditos en Filipinas, educación y prevención del VIH en Kenia, entre otros. Muchos experimentos arrojan resultados sorprendentes. Mecanismos que a priori eran intuitivos finalmente no funcionan, y otros que en principio parecen extremadamente simples o inútiles, finalmente terminan dando muy buenos resultados a muy bajo costo.

Luego de varios párrafos, muchos lectores habrán anticipado que los experimentos plantean una serie de inconvenientes: su implementación puede ser costosa, el tiempo necesario para evaluar los efectos de las políticas puede ser demasiado largo, y sobre todo, la experimentación con personas encierra consideraciones éticas no despreciables. Pensemos por ejemplo en algunos experimentos que se han llevado a cabo en torno a la prevención del VIH: ¿qué sucedió con aquellas niñas y adolescentes que fueron utilizadas para testear uno de los mecanismos que finalmente resultó ser ineficaz? Recordemos que en ciencias sociales no hay antídoto contra un mal tratamiento. Tampoco lo hay para las políticas sociales mal diseñadas que no son sometidas a un testeo previo con la adecuada rigurosidad científica. En otras palabras, ¿es ético aplicar una política social basada en supuestos o intuiciones, sin haber comparado su eficacia y sin haber demostrado que es la solución más eficiente?

Tal vez la experiencia de experimentos aleatorios, implementada durante casi una década en países de pobreza extrema pueda servir de orientación para una nueva forma de testear, implementar y evaluar políticas sociales en Uruguay. Esto no implica desconocer el camino transitado hasta ahora. Por el contrario, implica reconocer que las políticas sociales tienen un lugar crucial en el combate a la exclusión social. Diseñar políticas sociales más eficientes y rigurosamente evaluadas podría ser una ayuda en el combate a la pobreza estructural.

Escribe: Ec. Alfonso Capurro
Economista de CPA Ferrere.
Nota publicada en el diario El Observador en edición del día Martes 26 de abril de 2011