La Ley 19.739 faculta al Poder Ejecutivo a otorgar un crédito fiscal a las empresas que se rigen por el derecho privado por sus gastos en investigación y desarrollo, siempre que estos gastos se encuentren certificados por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.  

El Poder Ejecutivo será el encargado de determinar el alcance, los gastos elegibles, los topes y demás aspectos necesarios.

La ley eliminó el beneficio establecido en el literal C) del artículo 23 del Título 4, el cual permitía considerar como gastos incrementados ciertos gastos en que se incurra para financiar proyectos de investigación y desarrollo científico y tecnológico.