Resulta casi indiscutible afirmar que Uruguay aún tiene un camino por recorrer en materia de distribución del ingreso y promoción de la igualdad de oportunidades. Aún cuando los niveles de pobreza e indigencia y los indicadores de concentración del ingreso han mejorado sustancialmente desde 2002, basta con recorrer algunas zonas del país o algunos barrios de la capital, para notar que aún queda mucho por hacer. No en vano, aún cuando Uruguay continúa siendo uno de los países que mejor se ubica en el ranking latinoamericano en materia de pobreza e igualdad, si por ejemplo mañana ingresara a la OCDE, sería uno de los países con distribución del ingreso más desigual.

Algo más controvertida -pero hoy ya bastante consensuada- es la afirmación de que el libre mercado por sí sólo no siempre provee una solución adecuada, en particular para problemas relativos a la pobreza, y a la desigualdad de ingresos y oportunidades. En otras palabras, es razonable pensar que el Estado efectivamente tiene un rol importante en esta materia. La evidencia empírica primero y la teoría económica después, nos han provisto de hechos estilizados y argumentos para comprender por qué el Estado puede y debe velar por promover umbrales razonables de justicia económica y social.

Las premisas anteriores, sumadas a un momento de bonanza económica histórica como el actual, han derivado en una proliferación frondosa -y por cierto bastante desordenada- de propuestas de modificaciones al régimen impositivo actual. La rebaja de la tasa básica del IVA, el aumento del IRAE general y/o a algunos sectores específicos, y la aplicación de detracciones a las exportaciones agropecuarias, han sido alguna de las ideas planteadas. ¿Qué elementos deberían a nuestro juicio tenerse en cuenta a la hora de evaluar propuestas?

En primer lugar, en un país como Uruguay, cuyo crecimiento económico durante el siglo XX fue muy bajo (1,4% promedio anual), los años recientes de bonanza relativa no deberían en ningún caso llevarnos a olvidar que el principal problema de este país, históricamente, ha sido su dificultad para sostener por períodos prolongados tasas de crecimiento que le permitan mantener la calidad de vida, la cohesión y la justicia social. Un país creciendo a una tasa anual de 1,4% duplica su riqueza al cabo de cincuenta años; creciendo a un ritmo de 4,5% anual, la multiplica por ocho en el mismo período. Explicar por qué la calidad de vida, la cohesión y la justicia social se alcanzarían más fácilmente en el segundo de los casos, parece innecesario.

En segundo lugar y relacionado con el punto anterior, es importante recordar que las crisis económicas son ?El? evento con mayor capacidad de generación de pobreza y desigualdad que existe. Basta recordar cómo luego de la crisis de 2002, la pobreza en Uruguay se duplicó y la indigencia se triplicó respecto a los años pre-crisis, para comprender la estrecha y por cierto dolorosa relación que existe entre estabilidad macroeconómica y financiera, y pobreza.

Lo antes expuesto deriva en dos recomendaciones muy básicas que cualquier medida de política a aplicar debería cumplir. En primer lugar, velar por la estabilidad macroeconómica, en tanto supone una condición necesaria y básica para avanzar sobre temas de pobreza y desigualdad, es un objetivo en sí mismo que ninguna propuesta tributaria debería soslayar. En este sentido, aquellas propuestas que impliquen renuncias fiscales ?como la asociada a rebajas en la tasa de IVA- deberán analizarse con extrema rigurosidad, no sólo por los efectos que suponen para las cuentas fiscales, sino por sus implicancias en los equilibrios macroeconómicos de una economía que, si algo no necesita hoy, son presiones innecesarias sobre la demanda agregada.

En segundo lugar y quizás aún más importante, es esencial que las eventuales modificaciones tributarias no generen incentivos microeconómicos perversos, que atenten contra el crecimiento económico de largo plazo. Un país como Uruguay con historia de crecimiento anémico, no pude darse el lujo de alterar los esquemas de incentivos sin preguntarse cuáles son las posibles consecuencias sobre la inversión y el crecimiento. En este sentido, propuestas como ser el aumento de la tasa de IRAE a ciertos sectores ??favorecidos?, o la aplicación de detracciones a las exportaciones agropecuarias, se encuentran en la delgada línea roja.

La política y sus hacedores no deberían confundir oportunidad con oportunismo. Una cosa es aprovechar la oportunidad que conlleva el momento de bonanza actual para mejorar la calidad de vida de aquellos que hasta ahora han sido menos beneficiados por el crecimiento. Otra distinta, es que la propia política tributaria sea fijada en forma reactiva, buscando capturar ex post la renta de sectores particulares en los que se percibe que el mercado determina beneficios ?excesivos?. Ello conlleva dos peligros claros. Primero, cuando el propio Estado se transforma en un ?buscador de rentas?, mal puede éste pretender que los agentes privados no lo sean. ¿Para qué arriesgarse a invertir e innovar, si existe el riesgo de que la renta obtenida sea una tentación para el fisco? Segundo, porque políticas de este tipo en las cuales el Estado se aboga el derecho de decidir quién gana y quién pierde, qué es ?excesivo? y qué no lo es, tienden a devenir en enfoques dirigistas como los que se observaron en el Uruguay de los ?40 y ´50 y en la Argentina reciente, con resultados tristemente conocidos.

Por Ec. Rafael Mantero
Analista de CPA Ferrere
Nota publicada en el diario El Observador en edición del día Martes 15 de febrero de 2011