Uno de los mayores logros del gobierno de Vázquez fue el de surfear con éxito la crisis económica internacional. Los expertos señalan como una de las causas de ese logro, a la política de incentivos fiscales a las inversiones.

¿En qué consiste esa política de incentivos fiscales?
Dicho en crudo, consiste en un juego de confianza. Las empresas hacen promesas al Estado de futuras inversiones y a cambio reciben hoy del Estado exoneraciones de impuestos. En definitiva, el Estado hace fe en las promesas de los empresarios y les otorga exoneraciones tributarias en forma inmediata.

Si los empresarios cumplen con lo prometido, todo el mundo feliz: la empresa se exoneró de impuestos, y el Estado logró atraer una inversión que aumentó el empleo, las exportaciones, los futuros impuestos, en definitiva la riqueza del país.

Pero si los empresarios no cumplen? serán castigados. Así funciona este juego. ¿Cómo se los castiga? Deben pagar los impuestos que en su momento exoneraron, más las multas y los recargos correspondientes.

Ahora bien, no todos los incumplimientos son iguales. Un Decreto del Poder Ejecutivo del 22 de enero de 2010 reguló las sanciones para los empresarios que no cumplieron con sus promesas.

Seguramente estuvo en consideración el hecho de que la crisis internacional, -si bien no desembarcó con toda su furia en Uruguay-, sí repercutió en la economía de algunas de las empresas que obtuvieron beneficios fiscales. Probablemente algunas de esas empresas no cumplieron con lo prometido, no por mala fe, ni negligencia, sino como consecuencia de una crisis internacional impredecible y totalmente inmanejable.

Otro aspecto totalmente inmanejable a la hora de hacer proyecciones y promesas fue la variación en la cotización de las monedas.

En los últimos meses el mundo ha contemplado una verdadera montaña rusa en materia de cotizaciones de monedas. Y ello, sin contar a nivel local que los Economistas más destacados vaticinaban un dólar a 27 pesos a fines de 2009.

Así, si un frigorífico prometió con su inversión aumentar sus exportaciones de carne en US$ 200.000 por año, puede perfectamente no lograr su meta debido a la baja del dólar. Seguramente estos factores imprevisibles deben haber sensibilizado al Ministerio de Economía y particularmente a la Comisión de Aplicación (COMAP) a la hora de reglamentar el régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con sus promesas de inversión.

El Decreto del 22 de enero pasado establece que no se aplicarán multas y recargos a empresas que no hicieron toda la inversión prometida pero que hayan cumplido con los objetivos sustanciales que se habían proyectado. En estos casos las empresas deben pagar el impuesto correspondiente a la inversión no realizada, actualizado por IPC. Pero no tienen que pagar multas y recargos por ese impuesto. En otros casos de incumplimientos más severos se le da la posibilidad a la empresa de acercarse a la COMAP y tratar de reformular su proyecto, su promesa, para evitar que caigan todos los beneficios tributarios obtenidos. Casi siempre esa reformulación implicará un achique del proyecto, y consecuentemente un achique de los beneficios tributarios. En estos casos las empresas deberán pagar los impuestos que dejan de estar exonerados como consecuencia de la reformulación del proyecto. Pero en esta ocasión, más multas y recargos.

Por Leonardo Isoardi