Hace algunas semanas, los usuarios de la red social Twitter realizaron por primera vez en la historia una entrevista a un Presidente de los EE.UU. En ella, Barack Obama respondió preguntas realizadas por ?puño y letra? (bueno, Smartphone) de los propios usuarios, lo que constituyó la conferencia de prensa más directa y democrática que se haya visto a la fecha. Las respuestas de Obama -que eran habladas- fueron luego ?compactadas? por expertos de la casa blanca a los 140 caracteres máximos permitidos, respetando así la ley de oro del ?universo Twitter?.

Las razones para implementar este nuevo medio de comunicación las daba el propio director de comunicación de la Casa Blanca, Dan Pfeiffer: ?La decisión de Obama de mantener este Townhall en Twitter se enmarca en una nueva estrategia para poder hablar lo más directamente posible con el pueblo de EE.UU.???Ya no es suficiente depender de los medios de comunicación tradicionales... Siempre estamos buscando nuevas maneras de tener una interacción productiva con el público".

En efecto, la explosión de Twitter y tantas otras formas de interacción directa, abren en su conjunto la posibilidad incipiente de una especie de democracia in extremis, en la cual tanto el comunicador como el receptor son recompensados con fabulosas sensaciones de intimidad, inmediatez y validación instantánea. Pareciera sin embargo que éstas nuevas formas de comunicación no sólo han comenzado a remodelar el cómo nos comunicamos, sino el qué comunicamos. Es decir, las nuevas herramientas parecen traer aparejadas consigo cambios en lo sustantivo de los mensajes: lo personal, lo inmediato y lo sencillo, resulta mucho más gratificante que aquellos contenidos impersonales, que proponen diagnósticos complejos y soluciones de largo aliento.

Quizás siguiendo esta tendencia o quizás por coincidencia, lo cierto es que en Uruguay hoy parecen haber algunos síntomas similares de esta especia nueva de democracia in extremis. En particular, hemos asistido últimamente a una suerte democratización bastante virulenta de la agenda económica, en donde diversos temas atraviesan con distinta intensidad por una suerte de referéndum popular, tanto dentro como fuera del sistema político. Así, a los temas tradicionalmente ?masacrados? por políticos y ciudadanos comunes (nadie es 100% uruguayo hasta no tener una opinión formada sobre el tipo de cambio y el ?tamaño? del Estado), hemos agregado nuevos temas a la tertulia, como por ejemplo la pertinencia de gravar con determinados impuestos al Agro. Quizás el extremo más claro de esta necesidad por democratizar la agenda y recurrir al cabildo abierto, sea la reciente propuesta de realizar un referéndum para decidir si se debe instalar o no Aratirí en Uruguay.

Más allá de que las nuevas tecnologías comiencen a imponer cambios en la comunicación entre gobiernos y ciudadanos, lo cierto que en Uruguay existen otras razones de peso para este rebrote de la ?democracia participativa?. En este sentido, de acuerdo con un sobrio análisis presentado hace unos días por Luis Eduardo González en una charla realizada para clientes de CPA Ferrere, en Uruguay este nuevo brote de democracia participativa sería ante todo, un mecanismo de resolución de conflictos al cual el Presidente debe recurrir para zanjar las tensiones (y diferencias de opiniones) que surgen tanto dentro del partido de Gobierno, como en la sociedad en su conjunto. Sea como fuere, esta novel necesidad por ?democratizar? los temas de agenda y crear los tiempos y los espacios para que todos puedan opinar, merece algunas reflexiones.

En primer lugar, cabe preguntarse si es oportuno recurrir reiteradamente a la ?opinión pública? para dirimir cuestiones que no involucran (o al menos no deberían) preferencias morales e ideológicas subjetivas, sino más bien aspectos técnicos complejos y objetivos. Es decir, una cosa es someter a escrutinio público la posibilidad de legalizar el aborto; otra bien distinta, consultar si una empresa minera debe o no instalarse en el país. ¿Acaso qué elementos puede tener un ciudadano común como yo para realizar una evaluación objetiva? Es cierto, existe una corriente epistemológica que sostiene que cuando las decisiones sobre el medioambiente tienen niveles muy altos de riesgo e incertidumbre, quien debe decidir es una comunidad de pares extendida; ¿Pero estamos efectivamente ante un caso de este tipo? Por tanto sin pretender que esto sea interpretado como un llamado a la tecnocracia, no debería soslayarse que probablemente la democracia in extremis tiene sus límites razonables.

En segundo lugar, queda la sensación de que la instauración de estos cabildos populares, de alguna forma promueve cierto desenfoque de los debates, en particular llevando a intentar resolver problemas estructurales en Uruguay (como la distribución del ingreso, la pobreza, etc.) a través de los instrumentos tan popularmente trillados como equivocados. En particular, algunas voces insisten en querer lograr mejoras estructurales y duraderas de bienestar con propuestas de corte macroeconómico, proponiendo tal o cuál ajuste impositivo, controles de precios, o el siempre favorito ?tipo de cambio en tal nivel?.

Pareciera que cada vez más aquellas soluciones lentas, estructurales y complejas, que implican reformas microeconómicas profundas, que tienen corporativismos opositores a la vista (como la reforma educativa en Uruguay), y que requieren de un liderazgo fuerte que no busca validar constantemente sus decisiones, tenderán a quedar relegadas. Ya sea porque sus frutos son de larga maduración, o porque su probabilidad de éxito luce escasa en un terreno político ya bastante conflictivo, lo cierto es que hoy parece demasiado peligroso pelear por ellas. Por lo pronto, estas soluciones estructurales tienen la gran desventaja de requerir más de 140 caracteres, una restricción que ni el propio Obama hoy puede darse el lujo de ignorar.

Escribe: Ec. Rafael Mantero
Analista de CPA Ferrere.
Nota publicada en el diario El Observador en edición del día Martes 19 de julio de 2011