Dos iniciativas surgidas desde distintos ámbitos que están en consideración por estos días ? la de limitar la comisión que cobran las administradoras de tarjetas de crédito y la de estimular el uso de servicios financieros ? pueden colisionar en sus objetivos. Eso sugiere un informe elaborado por la consultora CPA Ferrere.

?No es este un mercado tradicional?, afirman los economistas Gabriel Oddone y Rafael Mantero en el trabajo hecho para la financiera OCA, al que accedió Búsqueda. El estudio parte de la pregunta de si es oportuno o no regular el negocio de las tarjetas de crédito y débito en Uruguay.

Según consta en el informe, en abril había 2,5 millones de tarjetas de crédito y débito en el país. Si bien 13.000 comercios aceptaban al menos alguna de las tarjetas, 220 concentraban el 48% del valor de las transacciones.

Los economistas explican que se trata de un ?mercado de dos caras?, porque cada sello emisor tiene dos tipos de clientes: las personas que realizan compras con tarjeta y los comercios que las aceptan como medio de pagos, pagando por ello una comisión. La demanda de uno y otro tipo de cliente se interrelacionan: cuantos más comercios estén adheridos a una tarjeta más atractiva será para el consumidor, y viceversa, sostienen.

Agregan que ?los consumidores son más sensibles al precio que los comerciantes? y si una persona percibe que pagar con tarjeta le resulta demasiado costoso fácilmente la sustituirá por efectivo o cheques.

La ?estrategia óptima de precios? implica entonces establecer el menor costo posible a los consumidores, trasladándolo ?en la medida de lo posible? a los comercios. Esto ?no debe interpretarse como un síntoma de poder de mercado? sino que responde a la característica de las ?dos caras? del negocio, acotan.

Tope

El diputado nacionalista Daniel Peña presentó en octubre en el Parlamento un proyecto de lye que apunta a regular el mercado de las tarjetas, aunque la iniciativa no comenzó todavía a ser tratada formalmente porque el Ministerio de Economía le solicitó un plazo para realizar algunas modificaciones, explicó ese legislador. Entre ellas, se sustituyó el tope máximo a las comisiones por un tope de 2% a la diferencia máxima entre la comisión más alta y la más baja que un sello cobre, sin importar que se trate de diferentes sectores de mercado.

Para Oddone y Mantero, limitar las comisiones que se cobran a los comercios puede tener dos consecuencias: que los sellos aumenten el costo a los poseedores de tarjetas para compensar la pérdida; o que la absorban y acaben por tener menos margen para ofrecer descuentos y beneficios. En conclusión, los consumidores asumirán ?al menos parte de este costo?. Esto, afirman, implicaría ?un menor uso de tarjetas?, lo que iría en contra del objetivo de incrementar los niveles de bancarización de la población que pretende el actual gobierno.

Luego proponen medidas para aumentar la utilización de tarjetas minimizando efectos ?indeseados?. Sugieren que si se prohibiera diferenciar los precios según el medio de pago, el recargo por abonar con tarjeta se repartiría entre todos los clientes y no solo entre los que lo hacen con esta. Ello supone un incentivo para utilizarlas, alegan.

También plantean expandir las rebajas del Impuesto al Valor Agregado que hoy rigen por ejemplo para los consumos en restaurantes, a los pagos con tarjetas en otros rubros, así como eliminar las retenciones de este tributo a los pequeños comercios por la mayor carga que le implica esta transacción que para otros establecimientos.

Búsqueda procuró conocer la opinión de las financieras nucleadas en la Cámara Uruguaya de Tarjetas de Crédito y Compra, pero su secretaria transmitió que los directivos no harán comentarios hasta tanto ingrese formalmente el proyecto de Peña para su consideración legislativa.

Nota publicada en semanario Búsqueda en edición del día jueves 17 de noviembre de 2011.